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CRONICAS DE UN MUNDO EN CONFLICTO
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El intento de sujetar el imperio de la fuerza al imperio de la ley y el desprecio por el derecho

 

Algunos defensores de la estrategia reconocen que esta atropella la legislación internacional, pero no ven problema alguno en eso. El aparato entero del derecho internacional es mera "palabrería", escribe el legista Michael Glennon: "El magno intento de sujetar el imperio de la fuerza al imperio de la ley" debería ser arrojado al cenicero de la historia; una postura conveniente para el único Estado que está en capacidad de abrazar la nueva ausencia de reglas en favor de sus designios, puesto que gasta casi tanto como todo el resto del mundo en su conjunto en instrumentos de violencia y está abriendo nuevas y peligrosas sendas en el desarrollo de medios de destrucción, contra la casi unánime oposición del planeta. La prueba de que el sistema es pura "palabrería" es simple: Washington "dejó en claro que se propone hacer todo lo que esté en su poder para mantener su preeminencia"; luego "anunció que desconocería" al Consejo de Seguridad de la ONU con respecto a Iraq y declaró en forma más general que "en adelante no» acatará las normas de la Carta [de la ONU ] sobre el empleo de la fuerza". Quod erat demonstrandum. En conformidad, las normas se "desplomaron" y "todo el edificio se vino abajo". Esto, concluye Glennon, es bueno, ya que Estados Unidos es el líder de los "Estados ilustrados" y por lo tanto "debe resistir [cualquier intento] encaminado a contener su empleo de la fuerza".
 
El líder ilustrado también está en libertad de cambiar las reglas a discreción. Cuando las fuerzas militares que ocupan a Iraq no lograron desenterrar las armas de destrucción masiva que supuestamente justificaban la invasión, la posición del gobierno pasó de la "certeza absoluta" de que Iraq poseía AD M en una escala que exigía una intervención militar inmediata, a la afirmación de que los cargos levantados por Estados Unidos se justificaban "por el descubrimiento de equipos que potencialmente podrían ser empleados para la producción de armas". Altos funcionarios propusieron "refinar el controvertido concepto de 'guerra preventiva'" para otorgarle a Washington el derecho a emprender acciones militares "contra el país que posea armas letales en cantidades masivas". La revisión "indica que ahora la administración actuará contra cualquier régimen hostil que tenga apenas la intención y la capacidad de desarrollar [ADM]"-.
 
Casi cualquier país posee el potencial y la capacidad de producir ADM , y la intención depende de quién la mira. De ahí que la versión refinada de la gran estrategia otorgue efectivamente a Washington el derecho a la agresión arbitraria. El haber bajado el límite al uso-de la fuerza es la consecuencia más significativa del derrumbe del pregonado argumento a favor de la invasión.
 
El objetivo de la gran estrategia imperial es prevenir cualquier desafío al "poder, posición y prestigio de Estados Unidos". Las palabras citadas no pertenecen a Dick Cheney o Donald Rumsfeld ni a ningún otro de los reaccionarios estatistas que formularon la Estrategia de Seguridad Nacional de septiembre de 2002. Fueron dichas, en cambio, por el respetado y venerable estadista liberal Dean Acheson en 1963. Justificaba en ese entonces las acciones de Estados Unidos contra Cuba, con pleno conocimiento de que la campaña terrorista internacional de Washington dirigida al "cambio de régimen" había sido uno de los factores importantes que habían llevado al mundo al borde de la guerra nuclear apenas unos meses atrás, y que esa campaña se había reanudado en cuanto se resolvió la crisis de los misiles cubanos. No obstante, Acheson informó a la Asociación Estadounidense de Derecho Internacional que cuando Estados Unidos contesta a un desafío a su "poder, posición y prestigio", de ello no se desprenden "cuestiones legales".
 
La doctrina Acheson fue invocada posteriormente por la administración Reagan, del otro lado del espectro político, cuando rechazó la jurisdicción de la Corte Mundial sobre su ataque contra Nicaragua, desatendió la orden del tribunal de poner fin a sus actividades criminales y vetó luego dos resoluciones del Consejo de Seguridad 7 que ratificaban el fallo de la Corte y hacían un llamado a todos los países para que acataran el derecho internacional. El asesor jurídico del Departamento de Estado, Abraham Sofaer, explicó que "no se puede contar con que la mayor parte del mundo comparta nuestro criterio" y que "esta misma mayoría se opone con frecuencia a Estados Unidos en importantes temas internacionales". Por lo tanto, debemos "reservarnos el poder de decidir" qué asuntos "caen dentro de la jurisdicción interna de Estados Unidos"; en este caso, las acciones que la Corte condenó como "uso ilegítimo de la fuerza" contra Nicaragua: en términos profanos, terrorismo internacional8.
 
El desprecio por el derecho y los organismos internacionales fue especialmente palpable durante los años Reagan-Bush. en el primer reinado de los actuales funcionarios de Washington; y los sucesores siguieron poniendo en claro que Estados Unidos se reservaba el derecho de actuar "unilateralmente cuando sea necesario", incluyendo el "uso unilateral del poderío militar" para defender intereses vitales como "asegurar el acceso sin trabas a mercados clave, fuentes de energía y recursos estratégicos"0. Pero esta posición no fue novedad alguna.
 
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